En defensa de los recursos del juego oficialALEA reitera que en el territorio nacional la potestad de regular el juego es facultad de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una, dentro de su jurisdicción. La existencia de oferta de juego online ilegal ha sido denunciada por los organismos estatales reguladores de los juegos de azar en innumerables ocasiones. Asimismo, los representantes de los entes en conjunto y desde ALEA articularon una serie de medidas y acciones con los organismos vinculados a los diversos aspectos del juego en modalidad online. Con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantuvieron reuniones en las que se planteó la necesidad de focalizar en los medios de pago, la prevención del lavado de activos y la ilegalidad de los juegos ofrecidos por los sistemas de posnet en la venta de créditos para juegos. La necesidad de su bloqueo y el peligro de la fuga de capitales fueron expuestas oportunamente. También, mediante reuniones con los referentes de la Unidad de Información Financiera y la Secretaría de Comercio Interior, se procuró avanzar en el dictado de normativas específicas. Sobre la publicidad de los juegos de azar autorizados, los entes reguladores a través de ALEA llevaron adelante diversas acciones ante el ENACOM que incluyeron la capacitación del personal técnico y la participación en las audiencias de la Comisión redactora de la ley de convergencia de medios. La publicidad de páginas ilegales como Miljugadas.com en la Televisión Pública Argentina (Canal 7), en la transmisión del Turismo Carretera (TC), del pasado domingo 4 de junio, puso nuevamente en evidencia el profundo desconocimiento que en los diversos niveles del Estado argentino existe sobre la legislación vigente en materia de juegos de azar. Este hecho reciente y aberrante convoca a accionar en dos sentidos. A quienes aún no lo hubieran hecho, a presentar las denuncias correspondientes, en este caso, la empresa, la TV Pública y el mismo ENACOM. Asimismo, a profundizar el trabajo de dar a conocer la legislación, el rol y la función de los organismos reguladores en la Argentina ante las autoridades competentes en cada jurisdicción. Aportando los antecedentes y la normativa existentes. Este nuevo avasallamiento pone de relieve la necesidad de hacer valer las leyes que sostienen la regulación estatal de la actividad lúdica. Por eso, ALEA exige la pronta resolución del conflicto suscitado por la clausura del sitio de apuestas Misionbet.com.ar y ratifica la solicitud al Ministerio Público de la Nación y de las Provincias, y a las autoridades competentes de encarar con firmeza la lucha contra toda captura de apuestas por fuera de la normativa vigente. La presencia del Estado garantiza que el producido de las apuestas registradas en el país se destine, de acuerdo a la legislación de cada jurisdicción, a los diversos ministerios, secretarías de deportes, programas y/o fondos con un fin social. En 2016, los aportes del juego oficial fueron de 12.615 millones de pesos. Solo el juego oficial puede garantizar la transparencia de las apuestas y la seguridad a las personas, protegiendo a los sectores vulnerables (la población en riesgo, menores y ludópatas), evitar la evasión y prevenir el lavado de activos. Los organismos reguladores y las empresas privadas autorizadas tributan mediante el pago de tasas, cánones e impuestos varios (ingresos brutos, ganancias, impuestos nacionales, provinciales y municipales, aportes a la seguridad social, etc.), efectuando una importante contribución a los estados provinciales y a la nación. Por el contrario, el juego ilegal en general, sea clandestino en modalidad tradicional o vía online, impacta contra los recursos que los juegos de azar regulados por el Estado destinan por ley a fines sociales. En particular, el juego online comercializado a través de empresas ilegales y, muchas veces, sin localización en nuestro país produce una fuga de recursos que debieran ser destinados a paliar las múltiples necesidades de esa jurisdicción donde se originó la apuesta. En la Argentina el juego online está regulado en las provincias de Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chaco y Tucumán. Y las jurisdicciones restantes avanzan en la implementación de la modalidad online de captación de apuestas.
Alea - Novedad Novedades

< VOLVER

En defensa de los recursos del juego oficial

En defensa de los recursos del juego oficial

ALEA reitera que en el territorio nacional la potestad de regular el juego es facultad de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una, dentro de su jurisdicción.

La existencia de oferta de juego online ilegal ha sido denunciada por los organismos estatales reguladores de los juegos de azar en innumerables ocasiones.

Asimismo, los representantes de los entes en conjunto y desde ALEA articularon una serie de medidas y acciones con los organismos vinculados a los diversos aspectos del juego en modalidad online. Con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantuvieron reuniones en las que se planteó la necesidad de focalizar en los medios de pago, la prevención del lavado de activos y la ilegalidad de los juegos ofrecidos por los sistemas de posnet en la venta de créditos para juegos. La necesidad de su bloqueo y el peligro de la fuga de capitales fueron expuestas oportunamente.

También, mediante reuniones con los referentes de la Unidad de Información Financiera y la Secretaría de Comercio Interior, se procuró avanzar en el dictado de normativas específicas.

Sobre la publicidad de los juegos de azar autorizados, los entes reguladores a través de ALEA llevaron adelante diversas acciones ante el ENACOM que incluyeron la capacitación del personal técnico y la participación en las audiencias de la Comisión redactora de la ley de convergencia de medios.

La publicidad de páginas ilegales como Miljugadas.com en la Televisión Pública Argentina (Canal 7), en la transmisión del Turismo Carretera (TC), del pasado domingo 4 de junio, puso nuevamente en evidencia el profundo desconocimiento que en los diversos niveles del Estado argentino existe sobre la legislación vigente en materia de juegos de azar.

Este hecho reciente y aberrante convoca a accionar en dos sentidos. A quienes aún no lo hubieran hecho, a presentar las denuncias correspondientes, en este caso, la empresa, la TV Pública y el mismo ENACOM. Asimismo, a profundizar el trabajo de dar a conocer la legislación, el rol y la función de los organismos reguladores en la Argentina ante las autoridades competentes en cada jurisdicción. Aportando los antecedentes y la normativa existentes.

Este nuevo avasallamiento pone de relieve la necesidad de hacer valer las leyes que sostienen la regulación estatal de la actividad lúdica. Por eso, ALEA exige la pronta resolución del conflicto suscitado por la clausura del sitio de apuestas Misionbet.com.ar y ratifica la solicitud al Ministerio Público de la Nación y de las Provincias, y a las autoridades competentes de encarar con firmeza la lucha contra toda captura de apuestas por fuera de la normativa vigente.

La presencia del Estado garantiza que el producido de las apuestas registradas en el país se destine, de acuerdo a la legislación de cada jurisdicción, a los diversos ministerios, secretarías de deportes, programas y/o fondos con un fin social. En 2016, los aportes del juego oficial fueron de 12.615 millones de pesos.

Solo el juego oficial puede garantizar la transparencia de las apuestas y la seguridad a las personas, protegiendo a los sectores vulnerables (la población en riesgo, menores y ludópatas), evitar la evasión y prevenir el lavado de activos.

Los organismos reguladores y las empresas privadas autorizadas tributan mediante el pago de tasas, cánones e impuestos varios (ingresos brutos, ganancias, impuestos nacionales, provinciales y municipales, aportes a la seguridad social, etc.), efectuando una importante contribución a los estados provinciales y a la nación.

Por el contrario, el juego ilegal en general, sea clandestino en modalidad tradicional o vía online, impacta contra los recursos que los juegos de azar regulados por el Estado destinan por ley a fines sociales. En particular, el juego online comercializado a través de empresas ilegales y, muchas veces, sin localización en nuestro país produce una fuga de recursos que debieran ser destinados a paliar las múltiples necesidades de esa jurisdicción donde se originó la apuesta.

En la Argentina el juego online está regulado en las provincias de Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chaco y Tucumán. Y las jurisdicciones restantes avanzan en la implementación de la modalidad online de captación de apuestas.